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F
rancisco
D
iez
desarrollo del proceso de recolección de firmas, pero a la vez cumplir el
rol de terceros que deben “juzgar” la equidad y rectitud del proceso. Eso
me parecía contradictorio. La relación de confianza que habíamos podido
generar con todas las partes se apoyaba, entre otras cosas, en que nunca
adoptamos una posición evaluativa o de juzgamiento a las partes en sí, y
que habíamos mantenido una posición de respeto irrestricto a su capacidad
para tomar decisiones sobre la materia del conflicto. En ese momento me
convenció el argumento de que el proceso de recolección de firmas para
activar el revocatorio era solamente seguir facilitando el cumplimiento
del acuerdo alcanzado en la Mesa de Negociación y Acuerdos, sumado al
hecho de que no había otros que pudieran cumplir el rol de facilitadores
y las partes reclamaban nuestra permanencia. El Centro Carter decidió
instalar un equipo de trabajo –adicional al existente– que se dedicaría al
tema electoral y que estuvo bajo la conducción de un experto boliviano
en elecciones, reservando mi posición de facilitador para las cuestiones
conflictivas. Pero la dinámica de la confrontación impregnó toda la
actividad preelectoral y, en los hechos, las negociaciones y la facilitación del
C.C. se extendió sin pausa durante todo el proceso hasta que finalmente el
gobierno aceptó que había firmas suficientes como para activar el referendo
revocatorio.
En ese momento, como última opción, el Centro Carter debería haberse
retirado del proceso. Ya no era indispensable su presencia para facilitar
ninguna negociación, pues el camino hacia adelante estaría signado por
la disputa electoral. En nuestros diálogos posteriores y en un libro común
de próxima aparición la directora del Centro Carter, Jennifer Mc Coy y el
autor de estas líneas coincidimos en que fue un error permanecer como
observadores más allá del proceso de validación de las firmas que activaron
el revocatorio
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. Pero eso es fácil decirlo hoy. En aquél momento era muy
difícil tomar la decisión de no asumir el papel que las dos partes nos pedían
que asumiéramos, con el argumento de que se trataba de la implementación
del acuerdo de la Mesa. Visto desde lo que pasó luego, cuando la oposición
decidió no aceptar los resultados del referendo revocatorio y refugiarse
en un reclamo de fraude electoral que los observadores internacionales
no podían apoyar porque no había sucedido, la incompatibilidad se hizo
evidente, porque quedó bloqueada cualquier posibilidad de volver a jugar el
rol de terceros nuevamente. Y éste es un gran aprendizaje para el desarrollo
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Political Conflict in Venezuela: An Insider’s Story of Third Party Intervention 2002-2004 by
Jennifer Mc Coy and Francisco Diez, a ser publicado por el United States Institute of Peace (USIP)
próximamente.